Cuando la empresa descubre que un empleado suyo ha estado sustrayendo dinero
o bienes de la empresa, debe proceder de acuerdo a la ley, de lo
contrario podrá tener serios inconvenientes legales y seguramente no
podrá recuperar los bienes perdidos.
El robo o sustracción de bienes de la empresa, es una justa causa para terminar el contrato de trabajo por parte del empleador, lo que supone que el trabajador puede ser despedido sin pagarle indemnización alguna.
Pero como toda actuación en derecho, cualquier causal que se invoque como justa para terminar el contrato, debe estar debidamente probada, de lo contrario, el trabajador podrá iniciar una acción judicial contra la empresa.
Esto supone una previa recolección de pruebas
y evidencias, para lo cual es preciso hacer seguimientos e indagaciones
sin que el empleado sea alertado, pues éste no se debe enterar de la
investigación hasta que la empresa disponga de todas las pruebas
necesarias para acusarlo y actuar, puesto que si el empleado logra
enterarse, la recolección de pruebas se puede ver comprometida.
De ahí la importancia de tener un sistema de control interno adecuado
y eficiente que permita, en primer lugar minimizar el riesgo de
ocurrencia de hechos delictuosos por parte de los empleados, y en
segundo lugar, poder detectar y acusar a quienes cometan algún hecho
irregular.
Una vez identificado el empleado responsable de algún desfalco o
sustracción de bienes, y reunidas todas las pruebas, es recomendable
llamar al empleado implicado y informarle su situación.
En este punto es importante abordar al empleado con un espíritu conciliador,
lo cual permitirá negociar con el empleado, de modo que éste, además de
reconocer los hechos que se le imputan, acepte reintegrar lo sustraído a
la empresa.
Si no se logra negociar con el empleado, la única solución posible
para que la empresa pueda recuperar sus bienes o dinero, será iniciando
una acción judicial, lo cual, además de implicar un desgaste
administrativo para la empresa, puede afectar de alguna forma su imagen,
por lo que en lo posible, hay que evitar llegar hasta ese punto.
Para iniciar una acción judicial en contra del empleado, es donde se
requiere contar con todas las pruebas necesarias, de lo contrario será
un procedimiento infructuoso y hasta contraproducente.
Se debe tener presente que la empresa, aun existiendo pruebas suficientes de la existencia de un hurto, no puede retenerle ningún valor al empleado sin la autorización del empleado o sin la orden de un juez.
Quiere decir esto que para que la empresa pueda recuperar los bienes o
dinero sustraído, solo hay dos caminos a seguir: primero; conseguir que
el empleado reconozca el hecho, pague o autorice el descuento de su
pago el valor correspondiente, lo cual requiere una negociación, para lo
cual es imprescindible desde un comienzo ser conciliador, nada de
decisiones apresuradas y fuertes en contra del trabajador. Segundo;
iniciar una acción judicial, que como ya se expuso, es un camino que
suele ser largo y tortuoso y en algunos casos no efectivo.
En estos casos hay que actuar con inteligencia, de
eso depende la recuperación de los bienes y el poder despedir al
empleado. De ahí la importancia de tener procedimientos claros tanto
para evitar este tipo de problemas, como para abordarlos una vez
ocurran. Se debe saber con anticipación como proceder ante una
eventualidad así, eso asegura no cometer errores y tener un final feliz
después de todo.
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